¿De qué se trata este nuevo ataque? ¿A quién beneficia?

La primera lectura es que, otra vez, hay quienes infiltrados en el campo popular le hacen el juego a la peor derecha.

Mientras se pelea por impedir que se apruebe un Código que legaliza la expulsión de millones de argentinos del sistema que prohíbe, entre otras cosas, las manifestaciones populares por las calles de la ciudad, esta acción es justo lo que la derecha necesita para imponerse.

Por otro lado, existe una sorda batalla por las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en las que además del actual Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra y el empresario menemista Mauricio macri, se juega el futuro de quien es hoy jefe de Gabinete del gobierno Nacional, Alberto Fernández.

Leído desde esta discusión por el poder, la inacción de la que se acusa al jefe de Gabinete y al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, en su responsabilidad por detener los incidentes del viernes pasado,  es un tiro por elevación a su futura candidatura y un problema para  Ibarra. Si es así, el único que gana es Mauricio Macri, autor de la propuesta de Código que ya tiene sanción en general en el recinto y que propone penas violentas para quienes insistan en reclamar sus derechos.

Pero el gran papel de estos sucesos lo ocupan, una vez más, los medios de comunicación. Son los periodistas con firma, los destacados analistas políticos que poseen programas en la televisión abierta y por cable, en las radios que más se escuchan y columnas en los grandes diarios nacionales, quienes transmiten la preocupación por detener cualquier intento de pelea de parte de quienes reclaman dignidad y trabajo.

Amenazan, con cara seria, con “la disolución del sistema democrático”, hablan de un “proceso prerrevolucionario” e insisten con fustigar al gobierno nacional por su inacción en la “represión de la protesta social”.

Llama la atención cómo, desde los medios más caracterizados con la derecha, se defiendan las acciones de Raúl Castells, uno de los dirigentes piqueteros más enfrentados al gobierno y quien establece acciones de presión sobre las empresas para conseguir donaciones de alimentos y financiamiento.

“Por lo menos él no es violento, sus militantes no andan con la cara tapada”, decía muy suelto de cuerpo Julio Ramos, director del menemista diario Ambito Finaciero.

“Se viene otra masacre de Ezeiza”, amenazaba desde el Canal 9 Marcelo Longobardi, otro menemista confeso.

Los políticos también aprovecharon la volada para repetir frente a cuanta cámara se les encendiera delante que es “necesario que el Gobierno reprima” la protesta. Ricardo López Murphy, aquél ministro de Economía y también de Defensa del gobierno de Fernando de la Rúa, salió feliz a enumerar los casos de toma de locales de comida basura de una multinacional, el piquete frente a la petrolera española Repsol y los cortes de calles.

Patricia Bullrich, aquella militante de la Juventud Peronista de los ’70 devenida en derechista, insiste en que “no hay gobierno” y Elisa Carrió, radical y de gran protagonismo durante el gobierno de De la Rúa, pide “paz” y se aprovecha de la mala memoria de los entrevistadores y sostiene, ante cada caso, “ya lo anticipé hace un año”.

Con estas presiones, intentan -y es probable que tengan éxito-, “derechizar” al gobierno de Néstor Kirchner quien insiste en no reprimir.

La cuestión es que a partir de ahora, mientras los medios lloran por la rotura de unas puertas de más de 80 años de antigüedad y no se preocupan por que se proponga desde el nuevo Código “prohibir las manifestaciones frente a las empresas privadas”, el juego está planteado sin vueltas: quieren reprimir cualquier intento de protesta social. Le declararon la guerra definitiva a los pobres, a los expulsados, a los marginados. Los políticos y los medios de comunicación muestran su verdadera cara.

Mientras tanto, los trabajadores desocupados organizados, buscan de todas las maneras posibles, contrarrestar este intento por desaparecerlos de la realidad argentina.