|  Transcurridos
casi 20 años de la sanción de las leyes
de impunidad que beneficiaron a los represores de la
última dictadura militar argentina y casi 30
del golpe de Estado que instauró la desaparición
de personas, la tortura y el miedo como forma de gobierno,
la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El fallo contó con siete votos a favor, una abstención
y uno en contra. Los ministros Enrique Petracchi –presidente
del máximo tribunal–, Ricardo Lorenzetti,
Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton,
Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano, firmaron por
la inconstitucionalidad, Carlos Fayt votó por
la validez de las leyes y Augusto Belluscio se abstuvo.
Estos dos últimos jueces, en 1987, durante el
gobierno de Raúl Alfonsín, formaron parte
del máximo tribunal que confirmó la validez
de las llamadas “leyes del perdón”.
A
comienzos de este mes, el procurador General de la Nación,
Esteban Righi, se pronunció en contra de las
leyes y recomendó a la Corte Suprema de declarar
su inconstitucionalidad. El procurador se refirió
a los artículos 29, 108 y 116 de la Constitución
Nacional, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y mencionó que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos estableció que 'son inadmisibles
las disposiciones de amnistía y prescripción
que pretendan impedir la investigación y sanción
de las violaciones graves de los derechos humanos como
la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas'.
La
causa por la que la Corte Suprema de Justicia declaró
la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida es la seguida por el secuestro,
las torturas y la desaparición de José
Poblete (de nacionalidad chilena) y Gertudris Hlaczik,
padres de Claudia Victoria Poblete, ocurridos a fines
de 1978 por un grupo que declaró pertenecer a
las 'Fuerzas Conjuntas'.
Carolina
Varsky, abogada de la familia en esta causa e integrante
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó
que la causa 'la inicia Abuelas de Plaza de Mayo por
la apropiación de la menor en 1998 y el CELS
se presenta como querellante solicitando la inconstitucionalidad
de las leyes en octubre de 2000'.
La
historia de las leyes de impunidad se remonta a dos
décadas atrás, cuando en el año
1985 se inician los juicios a las juntas militares que
gobernaron durante la última dictadura argentina.
El juicio dictaminó condenas a Jorge Rafael Videla,
Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando
Lambruschini, sin embargo, el gobierno del entonces
presidente Raúl Alfonsín decidió
poner término a los juicios y en diciembre de
1986 la Cámara de Diputados aprobó la
ley 23.492, conocida desde entonces como de Punto Final.
Al año siguiente, a causa de la presión
militar, se sancionó la ley de Obediencia Debida
que estableció la exención de culpa para
los oficiales jefes, oficiales subalternos y personal
de tropa por las violaciones a los derechos humanos.
Pero todo lo malo no había llegado aún.
En 1989, el ex presidente Carlos Saúl Menem declaró
el indultó y dejó libres a militares,
represores y torturadores.
Hoy, la Corte Suprema otorga una nueva oportunidad de
hacer justicia. 'Este día 14 de junio hace a
la lucha contra la impunidad', dijo el presidente Néstor
Kirchner en referencia al fallo. Lo que sigue es un
proceso de citaciones, apertura de causas y juicios
a los culpables de tanto dolor y muerte.
'Ahora
nos queda la satisfacción de pensar que podemos
obtener justicia plena no solamente por nuestros nietos
sino también por los papás y todos los
que fueron asesinados por el terrorismo de estado',
aseguró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo.  |
